
Dra. Martha Maricela Galicia Lira
Ser maestro no es solamente enseñar contenidos curriculares. Es, en su esencia más profunda, una labor de transformación social. Es iluminar trayectorias de vida, sembrar esperanza y construir futuro en medio de la desigualdad, la violencia y el abandono institucional. Ser maestro o maestra, en México, significa con frecuencia poner más de lo que se tiene: aportar recursos propios para las actividades escolares, comprar materiales, cubrir necesidades básicas de alumnos en condiciones de vulnerabilidad y resolver carencias que el Estado omite (limpieza y mantenimiento del edificio escolar, por ejemplo).
No obstante, esta entrega no siempre es correspondida. En múltiples ocasiones, las y los maestros son víctimas de amenazas, denuncias infundadas, agresiones físicas y campañas de desprestigio. Al defender la integridad de niñas, niños y adolescentes, son increpados, cuestionados y expuestos públicamente sin que medie prueba alguna. El magisterio ha pasado de ser respetado a ser criminalizado, y esa transformación cultural ha sido acompañada por una ausencia total de garantías jurídicas que protejan su labor.
En marzo de 2025, el caso de la maestra Tere, en San Juan del Río, Querétaro, expuso esa realidad. Tras múltiples ausencias justificadas por cuestiones de salud, un grupo de madres de familia exigió su destitución. Días después, la protesta escaló hasta convertirse en denuncia pública por presunto maltrato infantil. La docente fue detenida el 3 de abril y vinculada a proceso, pese a la falta de pruebas concluyentes. La presión social y mediática colocó el caso en el centro del debate educativo nacional.
El desenlace, aunque favorable en términos jurídicos, evidenció una crisis de fondo: la falta de mecanismos de protección legal, psicológica y laboral para el personal docente. Durante días, la maestra enfrentó ataques a su imagen pública, afectaciones personales y una incertidumbre devastadora. Y como ella, muchos más.
Uno de esos casos ocurrió el 12 de agosto de 2019, cuando un maestro de secundaria fue acusado falsamente de abuso sexual y con ello la directora escolar fue separada de su cargo. A pesar de que la investigación demostró su inocencia y que los procedimientos legales se llevaron conforme a derecho, la directora fue despedida y abandonada por las instituciones que debían respaldarla, no valió los premios ni reconocimientos a su labor a nivel nacional ni Estado de México.
El proceso judicial se resolvió favorablemente hasta el 19 de agosto de 2024, más de cuatro años después. Para entonces, había perdido su empleo, sus ingresos, su seguridad médica y emocional, y buena parte de su entorno personal.
Durante ese tiempo, fue víctima de acoso laboral, aislamiento, estigmatización y abandono sindical. Las audiencias se pospusieron reiteradamente por ausencias de funcionarios, abogados o peritos. La justicia, lenta y negligente, llegó tarde. Y aunque el tribunal dictó sentencia favorable, los salarios caídos se limitaron a un año. Los demás años de vida interrumpida, de dignidad erosionada, simplemente no contaron.
Por lo anterior, la implementación de la “Ley Tere” en el Estado de México es urgente y tendría como objetivo principal salvaguardar los derechos y la integridad de los maestros en el ámbito escolar (Educación Futura, 2025). Esta legislación incluiría sanciones específicas para quienes presenten denuncias falsas, establecería medidas de reparación del daño para docentes afectados, y definiría protocolos de protección, acompañamiento psicológico y respaldo institucional para quienes se vean involucrados en este tipo de situaciones.
Los beneficios de la “Ley Tere” serían visibles en distintas escalas temporales:
Corto plazo: disminución de agresiones y generación de mecanismos de apoyo inmediato.
Mediano plazo: consolidación de un ambiente laboral seguro, así como la retención del personal docente.
Largo plazo: fortalecimiento del sistema educativo y mejora en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
La aprobación e implementación de esta ley representaría un acto de justicia histórica para el magisterio, al tiempo que permitiría construir un sistema educativo más sólido, humano y sostenible. Porque defender a quienes enseñan no es un favor, es una responsabilidad del Estado.
Como sociedad, no puede permitirse que el miedo reemplace a la justicia, ni que el silencio ahogue las voces de quienes entregan su vida a la enseñanza. Nadie que elige formar a otros debería vivir entre la vocación y el temor constante de ser acusado, despedido o humillado sin pruebas, sin respaldo, sin ser escuchado.
Cuando llega un aviso rescisorio, no debería ser sinónimo de derrota. Debe entenderse que no firmar no es una rebeldía, sino un acto de dignidad; es negarse a cargar culpas que no le pertenecen, es proteger su nombre, su historia, su esfuerzo. Firmar sin comprender, sin defensa, es muchas veces aceptar una responsabilidad que jamás existió. Es renunciar a la posibilidad de ser defendido con verdad y justicia.
Por eso, resulta indispensable acompañar a cada maestra y maestro en este camino, no solo desde lo legal, sino también desde lo humano. La escuela no se construye solo con libros, sino con confianza, protección y respeto hacia quien enseña.
La “Ley Tere” representa mucho más que un marco normativo: es un llamado a la memoria, al reconocimiento y a la empatía. Es el reflejo de una necesidad urgente de proteger a quienes educan en contextos cada vez más complejos. Porque un maestro no solo enseña; también contiene, escucha, orienta, defiende y sostiene a generaciones enteras.
Y si el país desea un futuro con justicia, con calidad educativa y con verdadera transformación, debe empezar por cuidar a quien está en el aula. Porque quien se entrega cada día con responsabilidad y esperanza, merece algo más que aplausos: merece garantías, merece respaldo, merece paz.
Porque quien alumbra el camino de otros no merece avanzar solo entre sombras. Quien enseña con entrega, merece respeto; quien cuida, también debe ser cuidado. En cada injusticia contra una maestra o maestro, se vulnera el corazón de la escuela. Por eso, entre las letras, el aula y la memoria, no queda más que decir con firmeza y empatía: yo también soy Tere. Porque defender la dignidad docente es defender el futuro.
Referencias:
La ley Tere y el urgente debate. (2025, abril 22). Educación Futura. https://www.educacionfutura.org/ley-tere-denuncias-falsas-docentes/
Redacción, L. (2025, abril 23). LEY TERE: NECESARIA PERO INSUFICIENTE. Portal Insurgencia Magisterial. https://insurgenciamagisterial.com/ley-tere-necesaria-pero-insuficiente/

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