La Ley Tere: Un debate necesario en México

Mtro. Diego Isidro Díaz Pérez

En los últimos años, el nombre “Ley Tere” ha tenido relevancia en los diferentes centros educativos y en otros espacios de discusión social. La Ley Tere ha generado un intenso debate social, poniendo sobre la mesa dilemas como la protección a docentes frente al derecho a denunciar de víctimas de abuso

Esta iniciativa que busca sancionar denuncias falsas contra docentes, esto nace de algunas historias de maestras y maestros cuyas carreras y vidas personales han sido dañadas debido a acusaciones infundadas. Si bien, se puede localizar el antecedente de esta ley en el estado de Puebla, en nuestro país existe, en la actualidad, un importante número de denuncias que terminan siendo falsas.

Las historias de difamación se repiten en distintos estados, y han llevado a gremios magisteriales a exigir protecciones legales. Pero aquí surge la primera pregunta incómoda: ¿Cómo evitar que, al proteger a las y los docentes, no se cree una ley que intimide a menores que sí son víctimas de abuso real?

Por un lado, para el personal docente, la Ley Tere no es solo un tema legal, sino de dignidad en su labor. Y me refiero a dignidad, ya que hay docentes que han pasado incluso por prisión preventiva sin que se verificaran los hechos o las acusaciones; los cual nos lleva a pensar en la falta de investigación, difamación mediática, negligencias. Algunas de estas denuncias se archivan por falta de pruebas, sin embargo, el daño no se repara.

Por otro lado, diferentes colectivos, como Red por los Derechos de la Infancia, apuntan que en México el 40%, aproximadamente, de las agresiones sexuales ocurren en los centros educativos.  Entonces, el temor es que, al criminalizar las denuncias “falsas”, muchas víctimas, especialmente niñas y adolescentes, prefieran callar por miedo a ser demandadas si no pueden “probarlo todo”. Y es que, en delitos como el abuso, las pruebas suelen reducirse a testimonios, ya que rara vez hay testigos o evidencia física contundente. Según el INEGI el 90% de las agresiones sexuales en escuelas no se denuncian por miedo.

A mí parecer, el principal problema del conflicto no son solo las leyes como tal, sino la ausencia de mecanismos serios para investigar. Hoy, muchas escuelas manejan las denuncias de dos formas extremas, en primer lugar, las ignoran, con lo cual se pone en riesgo a las víctimas, o, en segundo lugar, se escalan a otras instancias, lo cual, cuando es falso, afecta la reputación de las y los docentes.

Por tanto, para que la Ley Tere no se convierta en un arma de doble filo, considero que se debe trabajar en equipos multidisciplinarios que incluyan psicólogos, abogados, trabajadores sociales, docentes, padres y madres, que investiguen con rigor antes de judicializar.

Asimismo, podríamos trabajar con el alumnado para trabajar en una cultura de la denuncia, esto se puede realizar por medio de talleres para el estudiantado que hablen sobre las agresiones, conflictos y difamación.

A su vez, los cuerpos docentes deben estar capacitados en estos temas donde se les marque de manera clara normas de comportamiento, límites pedagógicos y manejo de emociones para evitar situaciones desagradables.

La Ley Tere no debe ser una lucha política, sino una oportunidad para repensar cómo construimos escuelas seguras y cómo podemos transformar nuestro actuar como comunidad educativa. Debemos de trabajar en escuchar, prevenir, reparar, así como en evitar revictimizar, estigmatizar a las personas involucradas.

Considero que México merece una ley que no fuerce a elegir entre la protección de unos y los derechos de otros. Porque al final, el verdadero enemigo no son los y las maestras, ni las y los alumnos, tampoco las familias, es la impunidad, la desconfianza y la falta de herramientas para hacer justicia sin daños colaterales.

La Ley Tere debe ser solo el primer paso hacia un sistema educativo y social donde la verdad y la reparación sean posibles para todos y todas, ¿ustedes que opinan?