Infraestructura inclusiva

Mtro. Cuitláhuac García Perea

“Nunca he pretendido que me tengas por superior, a condición de que no me tengas por inferior.”

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) Escritor español.

Conforme al Artículo 3º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la educación. Siendo responsabilidad del Estado el impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Según cifras del Conteo Intercensal de 2015 del Inegi, nuestro país cuenta con aproximadamente 6.5 millones de personas con discapacidad. De lo anterior, casi el 40% posee una discapacidad motriz; 27% tiene una debilidad visual grave; 12.1% no escucha y el 8.5% no puede hablar y el mismo porcentaje sufre una discapacidad mental.

Por otro lado, segun el censo educativo que realizó el Inegi en 2015, existen 177,127 planteles educativos en nuestro país. De los cuales no existen datos relativos a la infraestructura con la que cada uno de esos planteles cuenta para la atención de personas con discapacidad. Sin embargo, ante las graves carencias en infraestructura educativa pública, no es difícil suponer que la mayoría de estos planteles no están preparados para la inclusión educativa.

Si consideramos que el reto es hacer que la niñez se eduque en un ambiente de inclusión y participación colectiva, uno de los primeros retos debe ser el que las aulas, las escuelas, los planteles en general, sean adecuados para recibir a dicha matricula.

La inclusión es un derecho y debe ser una realidad, por lo que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, debe de considerar que los  recursos etiquetados al rubro de mejoramiento a la infraestructura educativa pública, cuenten con una característica de transversalidad para la ejecución de obras o adecuaciones para facilitar la participación de las personas con discapacidad.

El gran reto de la Nueva Reforma Educativa es ahora en dos vertientes: Por un lado el aspecto administrativo de controlar los apetitos del sindicato más grande de América y por el otro, el de generar las condiciones de inclusión a un sector de la población que debe ser atendido de manera prioritaria, en pos de la tan proclamada Igualdad y abatimiento de las diferencias entre la población mexicana.

El sector público, durante los ejercicios fiscales anteriores, fue auxiliado constantemente con campañas que mezclaban la solidaridad o responsabilidad social de las empresas, con el atractivo adicional de los beneficios fiscales que existían ante donaciones cuantiosas de grandes contribuyentes; hoy eso ya no es posible, la condonación fiscal fue abolida y con ello los estímulos para la participación de las empresas con la bandera de la responsabilidad social.

Por otro lado, la centralización de las decisiones y el presupuesto, abre una brecha aún más grande con estados y municipios; quienes destinaban una parte importante del Ramo 33 al mejoramiento educativo. Ahora, tras la cancelación de las transferencias a estos órdenes de gobierno, se ve distante la posibilidad de inversiones trascedentes en la infraestructura educativa.