El impacto que las políticas de financiamiento público han tenido en lo que a términos de equidad en las oportunidades para el acceso a educación se refiere.

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Dra. Laura Talina Rivera Rivas

Es necesario hacer la contextualización en lo que al impacto de las políticas de financiamiento en relación con aumento de las oportunidades educativas de los grupos sociales más pobres se refiere, es ineludible tomar en cuenta características de la población en nuestro país. Como ejemplo, se puede hacer mención que entre las décadas de los cuarenta y ochenta se presentaron altas tasas de crecimiento demográfico, aunado a la expansión escolar en los niveles básicos, ocasionaron que actualmente exista una amplia demanda social por educación superior y que los recursos destinados a este sistema resulten insuficientes para afrontarla.

En la década de los noventa, se presentó un aumento el grupo de edad que comprendía el rango de 19 y 24 años, el crecimiento anual de la población que se encontraba matriculada en las instituciones de educación superior fue poco más del seis por ciento; el crecimiento mayor de la oferta trajo consigo el que se ampliara la cobertura sobre el grupo de edad que se ha mencionado. Sin embargo, aunque en términos absolutos la matrícula aumentó en un poco más de 740 mil estudiantes en la década, el número total de jóvenes fuera del sistema de educación superior fue mayor en 2000. Para inicios de los noventas, aproximadamente los jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo era aproximadamente de 8.5 millones, no obstante ya para el año 2000 ya se superaban los 9.2 millones.

Un aspecto que hay que tomar en cuenta es la distribución entre las entidades federativas de los recursos que servirían para satisfacer la demanda que se tenía por estudios a nivel superior. Durante la década de los noventa, entre 50% y 60% de la matrícula total en educación superior se concentraba en sólo seis entidades federativas. Aunque en la mayoría de las entidades del país se incrementó la matrícula de nivel superior durante ésta década, la desigual distribución que se tenía de los recursos trajo consigo que se mantuvieran las asimetrías entre las entidades federativas del país.

En lo que se refiere a los cambios que se han venido dando en el punto de la búsqueda de una mayor participación de los usuarios en el financiamiento de las instituciones de educación superior públicas, por lo general no dan cuenta de una serie de aspectos que limitan las posibilidades que tienen algunos sectores para acceder a las instituciones de educación, por lo cual se considera que antes de favorecer la igualdad de oportunidades, generan una mayor desigualdad en el acceso.

Estudios han demostrado que la casi nula participación que los sectores más pobres en la matrícula de nivel superior se encuentra estrechamente relacionada con los recursos con que cuentan para enfrentar los costos privados directos e indirectos de la educación.

En el caso particular de la educación superior de carácter público, es necesario el señalar que el financiamiento que el gobierno otorga no es completamente gratuito, dado que las familias tienen que hacer frente a los gastos directos e indirectos resultado de la asistencia escolar de sus hijos.

En un trabajo realizado a finales de los noventa, se demostró que son pocos los alumnos que de instituciones públicas los cuales podrían hacer frente a los incrementos en los costos de la educación que recibían, como resultado todo esto de los limitados ingresos que percibían sus familias (Márquez, 1999). Dado lo antes mencionado, se considera que las políticas que pretenden una mayor participación de los usuarios en el financiamiento de las instituciones, podrían limitar las oportunidades de estos sectores, que si bien no son los más pobres, apenas cuentan con los ingresos suficientes para cubrir los costos de este nivel educativo.

Es necesario considerar las crisis económicas por las que nuestro país desde la década de los ochenta ha presentado de manera recurrente, aunado a la creciente concentración del ingreso que se ha venido experimentando en los últimos años, han afectado la capacidad económica de las familias, limitando aún más las posibilidades de brindar a sus hijos una educación universitaria.

Bibliografía

Alcázar, J. (1984). Universidad y financiamiento, México: Universidad Autónoma de Puebla. ANUIES (varios años). “Población escolar de licenciatura en universidades e institutos tecnológicos”, Anuarios Estadísticos.

ANUIES (2003). Propuesta de lineamientos para una política de Estado en el financiamiento de la Educación Superior, documento aprobado en la XX sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES, México: ANUIES

Banco Mundial (2000a). Mexico: earnings inequality after Mexico’s economic and educational reforms, vols. I y II, Main Document, Washington, DC: Banco Mundial.

Bracho, T. (2000). “Desigualdad social y educación en México. Una perspectiva sociológica”, ponencia presentada en el foro iberoamericano Educación y desigualdad social: La atención educativa a colectivos sociales desfavorecidos, Organización de Estados Iberoamericanos, Barcelona: España, septiembre 18 a 22, de 2000

Bracho, T. (1995b). “Las políticas de financiamiento educativo desde el Banco Mundial: implicaciones analíticas y potenciales consecuencias sociales”, en Cordera, R. y Pantoja, D. (coord.) Políticas de financiamiento a la educación superior en México, México: CESU, pp. 121-139.

Bracho, T. y Zamudio, A. (1994a). “Rendimientos económicos de la escolaridad I: Discusión teórica y métodos de estimación”, Cuadernos de trabajo, núm. 30, División de Estudios Políticos y de Economía, México: CIDE.

Quintero, J. L. (1978). “Metas de igualdad y efectos de subsidio de la educación superior mexicana”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. VIII, núm. 3, pp. 59-92.

Dra. Laura Talina Rivera Rivas

alina.rivera.18@gmail.com

  • Doctorado en Gerencia y Política Educativa 
  • Maestría en Finanzas
  • Licenciado en Administración 

1 Comment

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