Diversos aspectos sobre el futuro de la educación superior

Dr. Jorge Francisco Barragán López

En relación a lo que debe ser el futuro de la educación superior en México y a la propuesta hecha por el Gobierno Federal para participar en foros de discusión sobre el anteproyecto de una Ley General de Educación Superior, iniciados en octubre de 2019, aquí expongo algunas de mis ideas.

Normatividad

En nuestro país hasta ahora se ha desarrollado una educación superior en el marco de un sistema federalizado, el cual si bien ha tenido cierta evolución, ha sido principalmente el gobierno federal quien ha dictado la política educativa, que a la vez ha delimitado claramente el papel de las autoridades estatales en la materia y la participación de las universidades autónomas. En ese contexto, la actual Ley de Coordinación de Educación Superior, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, no proporciona suficiente claridad sobre la división de responsabilidades que tienen en la educación superior tanto el gobierno federal, como los gobiernos de los estados y las instituciones de educación superior públicas y autónomas.

Sin embargo es indudable que se debería desarrollar y actualizar, entre todo el sector de la educación superior, un marco legal más transparente, para dar claridad y certeza sobre las funciones y responsabilidades específicas de los gobiernos federal y estatales en relación a las Instituciones de Educación Superior (IES). Pero para construir un sistema efectivo para la educación superior, también se debe fortalecer la capacidad de las autoridades estatales, para coordinar y dirigir los sistemas educativos de su territorio, incluyendo la garantía de una redistribución más equitativa de los fondos públicos.

A su vez, las IES deberán asumir sus responsabilidades como instituciones financiadas con fondos públicos, para trabajar de manera constructiva con las autoridades estatales, federales y otras IES, con el fin de desarrollar un sistema de educación superior coherente. Este sistema deberá incluir:

  • La implementación de un marco nacional de calificaciones;
  • Un sistema de transferencia y acumulación de créditos;
  • Un identificador único de estudiante;
  • Un sistema eficaz de estadísticas educativas; y
  • Un sistema nacional de acreditación y aseguramiento de la calidad.

Así con organismos de coordinación educativa, fortalecidos a nivel estatal y federal, con objetivos y tareas claramente establecidos, deberían apoyar el desarrollo de estos marcos y procedimientos para todo el sistema y contribuir a su conducción.

Ley General de Educación Superior

Los cambios normativos constitucionales más significativos ocurrieron en 1980, con el reconocimiento de la autonomía universitaria y más recientemente, con las reformas en pro de la gratuidad y obligatoriedad de los estudios superiores, aunque en ambos casos la norma se puede considerar ambigua en lo que respecta a las universidades que gozan de autonomía constitucional.

Las referencias a esta Ley se limitan a temas de concurrencia y gasto público, por lo que se considera una situación excepcional si se compara con países de la región, ya que la mayoría han emprendido reformas a sus sistemas de educación superior dominadas por una orientación neoliberal en los años noventa. Estos fueron los casos de Argentina, Perú, Chile Colombia y Ecuador. Desde hace unos años una nueva ola reformista recorre la región, guiada esta vez por la necesidad de corregir los efectos no esperados de la apertura a los mercados, pero México se ha mantenido otra vez ajeno a estas modas.

¿En qué sentido sería necesaria una Ley de Educación Superior? Cuando las carencias normativas parecen no haber obstaculizado el desarrollo de este nivel educativo en el país, ya que ha tenido un crecimiento de la matrícula, se ha diversificado la oferta educativa, se han expandido los posgrados, hay un cierto nivel de consolidación de la cobertura, se tiene liderazgo del sector público y hay gobernabilidad de las IES. Entonces si bien se ha avanzado hasta ahora sin este armazón legal, no es tan claro que pueda enfrentar los desafíos de la masificación sin el apoyo de un sólido marco legal e institucional.

La masificación tiene dos implicaciones, por un lado, el crecimiento de la matrícula, los académicos y las propias IES. La consecuencia más notoria es la creciente necesidad de tener lo recursos financieros suficientes para sostener esta expansión. Muchos países en la región, particularmente Brasil y Chile, se están apoyando en los mercados para impulsar el crecimiento. Por el contrario, el sector público de México ha retenido el liderazgo en esta etapa crítica.

En este contexto, ¿cuáles serían las aportaciones de una nueva ley? Las leyes, además de sus tener funciones coercitivas o morales, también facilitan la articulación de expectativas entre los actores y por tanto su coordinación; también informan a estos actores sobre las prioridades establecidas por el legislador. Las actividades sustantivas de la educación superior continuarán siendo organizadas por las IES, las aulas y laboratorios son los principales pilares sobre los que descansa el edificio de la educación superior. Sin embargo, lo que ocurre en estos microespacios depende cada vez más de las condiciones del entorno que llamamos el “Sistema de Educación Superior”. Así que un adecuado marco legal, acorde a las nuevas circunstancias, puede contribuir a mejorar lo que se hace en estos microespacios. Las mejoras en la gobernanza de este sistema no son una excusa para avanzar en un mejor gobierno de las IES.

Si la esta nueva legislación pretende marcar una diferencia en la educación superior, al menos deberá abordar estos desafíos críticos:

Planeación estrategia

Una vez establecida esa normatividad, la planeación estratégica a nivel federal deberá desarrollarse a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de un Programa Sectorial de Educación (PSE). Sin embargo, hasta ahora, el PSE más reciente duplica parcialmente el PND, en lugar de ofrecer una hoja de ruta fácilmente comprensible y con acciones para la ejecución de las políticas de educación superior. Por tanto el PSE debería incluir objetivos vinculados a líneas de acción precisas y con asignación de recursos indicativos.

Sin embargo, hasta ahora los planes de desarrollo estatales a menudo se superponen con las estrategias nacionales, en vez de complementarlas y otras contienen objetivos que resultan poco realistas a la luz de los recursos y la capacidad que disponen las autoridades estatales (ejemplo el PED de Querétaro 2016-2021).

Si bien existen elementos clave para el desarrollo de un sistema de datos integral para la educación superior, estos no son del todo confiables sobre el financiamiento por estudiante y no existen datos reales por cohorte, sobre la cantidad de estudiantes y los resultados de los graduados, por lo que se debería desarrollar un sistema de recopilación de datos completo e integrado, ya sea dentro de la SEP o a través de una agencia independiente.

Calidad

A diferencia de muchos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México no tiene un sistema obligatorio de acreditación externa y de aseguramiento de calidad para las IES públicas y, a veces no todas las IES privadas cuentan con Programas Educativos (PE) con Reconocimiento de Validación Oficial de Estudios (RVOE), lo que significa que muchos estudiantes se gradúan de PE que no están reconocidos.

Aunque existen procesos sólidos para la acreditación y evaluación de PE, estos siguen siendo voluntarios, además las políticas de aseguramiento de calidad y las agencias acreditadoras se han centrado en los procesos y en los PE y no han apoyado el desarrollo de capacidades y responsabilidades institucionales con respecto a la calidad.

Para avanzar en el desarrollo de un aseguramiento de calidad externo, las autoridades deberían establecer un organismo nacional de aseguramiento de la calidad, probablemente no gubernamental y sin fines de lucro, en estrecha cooperación con las agencias acreditadoras existentes (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior y Consejo para la Acreditación de la Educación Superior) y las IES. Este organismo deberá desarrollar sistemas robustos de revisión de la calidad institucional, que permitan a las IES contar con una alta proporción de sus PE con acreditación externa, recibir acreditación institucional y auto acreditar sus propios PE.

Al mismo tiempo, el financiamiento federal orientado hacia la calidad, se deberá concentrar en subsistemas con bajos niveles de acreditación externa. El registro formal deberá ser obligatorio para todas las IES privadas, a través de un sistema de RVOE revisado y coordinado a nivel federal, con el fin de garantizar que todas las IES cumplan con estándares mínimos de calidad aceptable.

Equidad

En este rubro, las desigualdades sociales tanto de género como las geográficas, son considerables, porque en el entorno social de los estudiantes tiene una gran influencia en sus posibilidades de ingresar y tener éxito durante su formación y luego al egresar, lo cual varía ampliamente el indicador de calidad.

Sin embargo existe una posibilidad de asegurar la equidad si se aumenta la aceptación en el mercado laboral de los PE de ciclo corto (como los de Técnico Superior Universitario y los de Profesional Asociado). Esto deberá ir acompañado de esfuerzos para mejorar y racionalizar el apoyo financiero público para los estudiantes, coordinando el apoyo desde el nivel federal, ajustando el valor de las becas de manutención y extendiendo la elegibilidad para las subvenciones federales a estudiantes en PE con acreditación externa.

Financiamiento

De acuerdo a datos disponibles del 2015, el gasto anual por estudiante en IES públicas fue de 9 mil USD, sin embargo se sabe que el gasto gubernamental por estudiante en IES públicas no ha seguido el ritmo de crecimiento que ha tenido la matrícula en los últimos años. De ahí que si se pretende que las IES públicas sigan dependiendo de fondos públicos, se requeriría una inversión gubernamental adicional, combinada con esfuerzos que garanticen la eficiencia para cumplir con los objetivos políticos de calidad y equidad.

La asignación de recursos públicos a las IES públicas, no debería basarse únicamente en fórmulas, sino en los costos históricos y en las negociaciones que cada institución obtenga. Ya que hasta ahora el sistema carece de transparencia y conduce a diferencias injustificadas en el financiamiento por estudiante entre subsistemas y dentro de ellos.

Las autoridades federales deberían establecer un sistema racional para asignar el financiamiento público, así como encontrar un método que otorgue presupuestos plurianuales[1] con el fin de facilitar la planeación. Al mismo tiempo, la SEP debería asegurar que los programas extraordinarios de financiamiento tengan objetivos bien definidos y complementarios, explícitamente alineados con las prioridades establecidas en el PSE.

[1] Un instrumento del sistema presupuestario que sirve de guía a la política presupuestaria de mediano plazo y opera como marco referencial del presupuesto anual y del plan anual de inversiones públicas.

Referencias

Cámara de Diputados. (29 de diciembre de 1978). Ley General de Educación Superior. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf

Cámara de Diputados. (2019). Ley de Educación Superior. Obtenido de Consulta: https://consulta-ley-educacion-superior.mx/wp-content/uploads/2019/11/ANTEPROYECTO-LGES-Octubre-2019.pdf

Cámara de Diputados. (2019). Plan Nacional de Desarrollo. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Cámara de Diputados. (2019). Programa Sectorial de Educación. Obtenido de Diario Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5326569

CIEES. (2020). Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Obtenido de https://www.ciees.edu.mx/

COPAES. (2020). Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. Obtenido de https://www.copaes.org/

Gobierno del Estado de Querétaro. (2016). Plan Estatal de Desarrollo. Obtenido de Gobierno del Estado de Querétaro: https://www.queretaro.gob.mx/BS_ped16-21/pdf/planEstatalDesarrollo_2016-21.pdf


Dr. Jorge Francisco Barragán López

jfbarragan.lopez@gmail.com

  • Doctor en Psicología y Educación, con mención honorífica
  • Maestro en Administración con especialidad en Recursos Humanos
  • Licenciado en Psicología Educativa, titulado por promedio

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