El colapso del ideal de aula segura, cuando enseñar se vuelve un acto de riesgo

Dra. Martha Maricela Galicia Lira

Escribir es un acto de libertad, pero también de valentía. Que estas palabras sean, entonces, un vehículo para examinar cómo la violencia creciente contra las y los maestros —en sus dimensiones física, simbólica e institucional— está colapsando el ideal de aula segura. Los datos recientes de organismos internacionales muestran que la labor del maestro se ha transformado en un ejercicio de riesgo, con implicaciones sociales, políticas y filosóficas sin precedentes. Este sentido, los sistemas educativos contemporáneos no garantizan condiciones mínimas de protección para quienes enseñan, situación que ha detonado una crisis institucional y, en igual medida, una crisis ética.

Durante décadas, el discurso educativo ha sostenido que la escuela debe ser un espacio protegido: un lugar donde maestras y maestros puedan ejercer su labor sin temor y, donde las y los estudiantes aprendan en un ambiente de respeto y confianza. Este ideal, profundamente arraigado en la tradición pedagógica, se presenta como condición mínima para la enseñanza y el aprendizaje. No obstante, la evidencia reciente revela una crisis creciente: la violencia contra el magisterio se ha intensificado a nivel global, cuestionando no solo la viabilidad de dicho ideal, sino la capacidad de los sistemas educativos para garantizarlo.

Así, analizar la violencia contra los maestros desde tres dimensiones —la social (desigualdad y exclusión), la política (responsabilidad del Estado y precarización laboral) y la filosófica (ética de la enseñanza y vulnerabilidad humana)— permite revelar la complejidad de esta crisis. A partir de la evidencia empírica y de la reflexión, se vuelve imprescindible replantear el pacto social, situando la seguridad del magisterio como una prioridad estructural y no como un mero enunciado discursivo.

Según el informe Education Under Attack 2024 de la Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), entre 2022 y 2023 se registraron aproximadamente 6,000 ataques contra la educación, que resultaron en más de 10,000 estudiantes y docentes heridos, asesinados, secuestrados o arrestados. Dentro de este panorama, la organización reporta alrededor de 800 incidentes dirigidos específicamente contra personal docente en 25 países, que incluyen asesinatos, amenazas y detenciones. Asimismo, se documenta que más de 1,100 docentes fueron heridos, secuestrados o asesinados, y cerca de 3,850 fueron arrestados o detenidos durante el mismo periodo (GCPEA, 2024).

Por su parte, la UNESCO ha señalado un aumento drástico en los ataques a centros educativos: estima un incremento del 44 % en 2024 respecto al año anterior (UNESCO, 2025).

Estos datos confirman que la violencia al magisterio no es un fenómeno aislado ni minoritario, sino una crisis estructural que afecta la integridad física y moral de los maestros en múltiples contextos.

A. Dimensión social

La violencia contra docentes no se distribuye de manera homogénea; por el contrario, se concentra con mayor intensidad en contextos atravesados por conflictos armados, crisis políticas o altos niveles de fragilidad institucional (corrupción). De acuerdo con GCPEA (2024), algunos de los países con mayor número de incidentes son Palestina, Ucrania, la República Democrática del Congo y Myanmar (aunque el caso mexicano también es alarmante).

Este patrón evidencia desigualdades estructurales profundas: el profesorado que trabaja en zonas vulnerables no solo enfrenta precariedad laboral, sino también una amenaza existencial que compromete su integridad física, emocional y profesional. La violencia contra maestros se convierte, así, en un síntoma de fallas sociales, asociadas a la ausencia de cohesión comunitaria, exclusión persistente y marginación.

A ello se suma la insuficiencia —e incluso la ineficacia— de las respuestas institucionales. La incapacidad de los Estados para brindar protección efectiva al magisterio expone un desajuste alarmante entre la retórica oficial y las acciones concretas: muchas políticas de seguridad educativa carecen de mecanismos robustos de denuncia, acompañamiento psicológico, protección legal o intervención oportuna, dejando al maestro o maestra en una situación de vulnerabilidad sistemática.

B. Dimensión política

Desde la perspectiva del Estado, la violencia ejercida contra los maestros plantea una interrogante crítica: si los gobiernos no pueden —o no están dispuestos a— proteger a quienes educan, ¿hasta qué punto están realmente comprometidos con su responsabilidad fundamental de garantizar el derecho a la educación?

La crisis que enfrenta el magisterio no es únicamente una crisis de seguridad; es también una crisis de reconocimiento. Un gran número de maestros trabajan en condiciones laborales precarias, con escaso respaldo institucional y sin los recursos necesarios para salvaguardar su bienestar físico, emocional y profesional. Esta precarización erosiona su dignidad y limita su capacidad para ejercer plenamente su función social.

Cuando los Estados omiten atender esta realidad, no solo incumplen su deber de proteger a sus ciudadanos, sino que contribuyen a la deslegitimación de la autoridad simbólica del magisterio. De este modo, se debilita el contrato social educativo, fundamento esencial para la cohesión democrática y el desarrollo de las sociedades.

C. Dimensión filosófica

La enseñanza es, ante todo, un acto ético. No se limita a transmitir información, sino que implica establecer vínculos de confianza, cultivar el pensamiento crítico y acompañar el desarrollo humano en toda su complejidad. Sin embargo, la violencia —en cualquiera de sus manifestaciones— erosiona las condiciones mínimas necesarias para que este encuentro ético pueda ocurrir.

Cuando un maestro o una maestra ingresa al aula con miedo, ya sea por amenazas, inseguridad o presiones… la enseñanza deja de ser un ejercicio de libertad intelectual y moral. En muchos casos, se transforma en un acto de resistencia, en un esfuerzo sostenido por sostener la dignidad educativa en medio de un entorno adverso.

Este quebranto filosófico revela que el ideal de aula segura no puede seguir siendo una aspiración meramente retórica, sino que debe asumirse como una urgencia impostergable. Si no se construyen condiciones reales y efectivas para la seguridad magisterial, dicho ideal se convierte en un mito que desmiente el reconocimiento ético y social que el magisterio merece.

Frente a esta crisis, se vuelve imprescindible un nuevo pacto social por la educación que coloque la seguridad magisterial como una prioridad estructural, mediante protocolos efectivos, canales protegidos de denuncia, apoyo legal y acompañamiento psicosocial. Este pacto debe incluir estrategias preventivas que permitan evaluar riesgos, diseñar planes de contingencia y capacitar a las comunidades escolares para el manejo de situaciones críticas; así como la institucionalización de la participación magisterial, reconociendo su papel no solo como destinatarios de políticas, sino como actores centrales en su diseño. Asimismo, es necesario revalorar el significado simbólico de los maestros como pilar ético, intelectual y social de la comunidad, y fortalecer la cooperación internacional para garantizar la protección de la educación como un derecho humano fundamental mediante recursos, monitoreo y mecanismos de rendición de cuentas.

Enseñar, hoy, se ha convertido en un acto de riesgo que interpela directamente nuestra capacidad colectiva para sostener el ideal de aula segura. La violencia que atraviesa la labor del maestro no solo vulnera a quienes educan, sino que fractura la esencia misma de la educación como espacio de encuentro ético, crecimiento humano y libertad intelectual. Frente a esta realidad, el nuevo pacto social por la educación no es una opción, sino una exigencia histórica: implica reconocer la vulnerabilidad del magisterio, restaurar su seguridad y revalorarlo como agente fundamental de cohesión democrática y reconstrucción social.

Proteger a las y los maestros es proteger la posibilidad misma de futuro. Una sociedad que permite que sus maestros vivan con miedo renuncia a su facultad de pensar, dialogar y transformarse. Por ello, afirmar que “enseñar se ha vuelto un acto de riesgo no es solo un diagnóstico: es un llamado urgente a reconstruir las condiciones éticas, políticas y sociales que hagan del aula un territorio de dignidad y no de amenaza”. Solo entonces podremos devolver sentido al ideal de aula segura y honrar, con hechos y no solo con discursos, la labor de quienes sostienen la educación del mundo.

Referencias

Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA). (2024). Education Under Attack 2024: Global Overview. Recuperado de https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2024.pdf

UNESCO. (2025). UNESCO alerta sobre el drástico aumento de los ataques contra escuelas en 2024. https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-alerta-sobre-el-drastico-aumento-de-los-ataques-contra-escuelas-en-2024