La importancia de la autonomía en la gestión de recursos en la educación superior.

Mtra. Arlette Motte Nolasco.

La enseñanza debe ser por la acción, la educación es la vida, la escuela la sociedad.

John Dewey

Como docente de una universidad que goza de autonomía comparto algunas reflexiones sobre su importancia en la gestión de su financiamiento.

Para comenzar, no debemos perder de vista que la educación es un derecho humano, un motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, así como para alcanzar la igualdad de género, la paz y la estabilidad (Banco Mundial, 2020). 

El Artículo 3º de la Constitución Política de nuestro país ya garantizaba el derecho a la educación en los niveles básicos (preescolar, primaria, secundaria) y medio superior. Pero se reformó en 2019 para ampliar su cobertura y por primera vez el Estado es el encargado de impartir y garantizar la educación en todos los niveles, incluido el superior, lo que conlleva a retos y desafíos no sólo para mejorar la calidad educativa, sino también en el financiamiento necesario para incrementar la infraestructura y atender la demanda en todos los niveles (Cámara de Diputados, 2019).

El ejercicio del financiamiento debe considerar que las Instituciones de Educación Superior (IES) gozan de autonomía por ley: “…tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, con respeto a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio…” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º).

Podemos afirmar entonces que la autonomía se basa en el autogobierno, auto-legislación, autogestión académica y la autogestión administrativa, esta última hace referencia a que “nadie más que la IES puede decidir cómo hacer uso de los recursos que reciba de la federación, de las aportaciones de la misma comunidad y de los recursos que consiga a partir de la prestación de servicios o venta de productos” (Avelar, 2019).

Sin duda, para que las IES puedan cumplir a cabalidad con sus funciones educativas, de investigación y difusión cultural, es fundamental que administren con autonomía su patrimonio, ya que de otro modo podrían verse comprometidas con intereses creados. Y también que cuenten con recursos suficientes para su funcionamiento.

¿Qué sucede con el monto de los recursos para la educación pública en México? Este ha sido en promedio de 4.9% del PIB y 19.5% del presupuesto público entre el 2001 y el 2017, con datos del Banco Mundial. Si se compara por ejemplo con el promedio para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece nuestro país, que son de 5 y 12.7% respectivamente, pareciera que la situación en nuestro país es similar a la de otros países. Blanco (2002) comparó los datos para México y Corea, en los que el gasto como porcentaje del PIB entre 1986 y 1999 eran en promedio de 3.1% y 2.9%. De modo que no es claro que el sistema educativo mexicano afronte una falta de financiamiento. Blanco menciona que el problema más bien se centra en la falta de calidad y eficiencia de las instituciones.

Sabemos que la mayoría de los recursos continuarán enfocados a cubrir el gasto corriente, en particular para el pago de nómina. En la UNAM, por ejemplo, se estimaba que el 75% del presupuesto de 2018 era para el pago de sueldos, prestaciones y estímulos (Román, 20 diciembre 2017). Por ello, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas es imprescindible para que las IES no vean cuestionada ni su autogestión administrativa y su autonomía en general, ni su acceso a los recursos públicos, así como para remediar los problemas que mencionaba Blanco (2002) respecto a su calidad y eficiencia.

De hecho, las políticas y medidas que comenzaron a instrumentarse a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) enfatizaron los controles de calidad y eficiencia para acceder a nuevas formas de financiamiento y esto incrementó los fondos adicionales de las IES (Hernández, 2005). No obstante, este enfoque que podríamos denominar como neoliberal de que el Estado se desentienda de otorgar recursos suficientes y dejar que las universidades y centros de investigación busquen financiamiento por su cuenta pueden derivar en esquemas opacos, como se ha discutido recientemente a propósito de la desaparición de fideicomisos.

Aunque, dicho sea de paso, su eliminación podría amenazar la autonomía de instituciones de reconocida trayectoria como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), autonomía que, como ya vimos, está consagrada en la Constitución.

La importancia de la IES como generadoras de cambio social, en un país tan diverso en la oferta educativa de educación superior, las políticas de financiamiento requieren de la diversificación y diferenciación atendiendo los cambios, desarrollo y retos que se enfrentan en cada una, que sigan siendo el centro del desarrollo del conocimiento y la investigación, con libertad.

No quisiera dejar de comentar, a propósito de la situación que estamos viviendo a nivel mudial de emergencia sanitaria, que gracias a la autonomía las IES pueden realizar los ajustes necesarios para afrontar la crisis en el ámbito educativo, aunque aún falte tiempo para conocer el impacto en el desarrollo y aprendizaje, pues esto ha evidenciado las diferencias por ejemplo, de los alumnos en el acceso a los recursos, alimentación, hábitos de estudio o manejo de la tecnología; y de los docentes en la adaptación de lo presencial a lo virtual, flexibilidad de pensamiento, evaluación integral, etc.

Dado que tuvieron que cerrar las escuelas, los países recurren a la enseñanza a distancia y otros recursos pedagógicos para mitigar la pérdida del aprendizaje. Esto implica aprovechar el trabajo que ya estaba en marcha y abordar desafíos constantes, como los niveles de accesibilidad en las comunidades para asegurar el acceso igualitario (Banco Mundial, 2020).

La autonomía ha permitido gestionar de manera emergente recursos por ejemplo: para realizar investigación, atender la actualización y capacitación de los docentes o poner a disposición de los alumnos equipos de cómputo, poder usar las tecnologías de la información y comunicación a la academia e investigación.

Para revisar un poco más sugiero un libro publicado hace unos años por el entonces Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, actualmente Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), sobre “Políticas de financiamiento a la educación superior en México”, son una serie de ensayos  ideas, propuestas y casos estudiados por especialistas en el tema.

Referencias

Avelar, F.J. (2019). Algunos datos y reflexiones sobre la autonomía universitaria (cuarta y última entrega). Recuperado el 10 de noviembre de 2020 de: https://www.uaa.mx/portal/algunos-datos-y-reflexiones-sobre-la-autonomia-universitaria-cuarta-y-ultima-entrega/

Banco mundial (2020). Recuperado el 7 de noviembre de 2020 de: https://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview

Blanco, J. (2002). UNAM, el problema del financiamiento. Revista de la educación Superior, 31(3), 1-9).

Cámara de Diputados (2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma DOF 09-08-2019. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

Cordera, R. y Pantoja, D. (Coords.) (2000). Políticas de financiamiento a la educación superior en México. Colección Problemas educativos de México. México CESU-UNAM, Porrúa. Recuperado el 5 de noviembre de 2020 de: http://www.iisue.unam.mx/publicaciones/libros/politicas-de-financiamiento-a-la-educacion-superior-en-mexico

Hernández, V. (2005). Los modelos de financiamiento público a Educación Superior de Argentina, Brasil, Chile, España y México. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Recuperado el 7 de noviembre de 2020 de: http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/21137/104887/file/FATSE003%20Los%20modelos%20de%20financiamiento%20publico%20a%20educacion…pdf

Román, J. A. (20 diciembre 2017). UNAM: 75% del presupuesto, a salarios y prestaciones, La Jornada. Recuperado el 10 de noviembre de 2020 de: https://www.jornada.com.mx/2017/12/20/sociedad/033n3soc#:~:text=El%2075.5%20por%20ciento%20de,hace%20al%20menos%20seis%20a%C3%B1os